Entre la rigidez del gasto público, la sostenibilidad fiscal y el desafío de generar resultados para la ciudadanía.
El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 plantea una asignación de S/ 266 506 millones, lo que representa un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026. Esta propuesta se formula en un escenario de crecimiento económico proyectado de 3,4 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Sin embargo, más allá de las cifras macroeconómicas, el proyecto revela una preocupación estructural: la creciente rigidez del gasto público y sus efectos sobre la capacidad del Estado para financiar nuevas inversiones y atender las demandas ciudadanas.
Esta situación adquiere especial relevancia para los gobiernos regionales y locales, cuyas nuevas autoridades asumirán funciones en enero de 2027, enfrentando el desafío de administrar mayores recursos presupuestarios en un contexto de obligaciones permanentes, restricciones fiscales y brechas persistentes en infraestructura y servicios públicos.
Más presupuesto no significa necesariamente mayor capacidad de inversión
Según la Exposición de Motivos del proyecto presupuestal, para 2027 el gasto corriente representaría el 66,8 % del presupuesto total, mientras que el gasto de capital alcanzaría el 21,4 % y el servicio de la deuda pública el 11,7 %.
Asimismo, el gasto corriente registra un crecimiento proyectado de 6,6 % respecto al PIA 2026, mientras que el gasto de capital se reduce en 1,1 %.
Estas cifras evidencian la presión que ejercen los compromisos permanentes sobre la estructura presupuestaria y ponen de manifiesto la necesidad de preservar recursos para la inversión pública, el mantenimiento de infraestructura y la mejora de los servicios esenciales.
Para 2027, los gobiernos regionales y locales contarían conjuntamente con aproximadamente S/ 99 894 millones, equivalentes al 37,5 % del presupuesto nacional. Si bien esta asignación representa un incremento respecto al ejercicio anterior, el verdadero desafío será transformar dichos recursos en resultados concretos.
La mayor disponibilidad presupuestaria no garantiza, por sí sola, mejores servicios públicos. Para ello se requiere capacidad técnica, planificación, adecuada ejecución y mecanismos efectivos de seguimiento y control.
La rigidez presupuestaria y el impacto de las obligaciones permanentes
Uno de los principales problemas que enfrentarán las nuevas autoridades subnacionales será la acumulación de compromisos presupuestarios derivados de disposiciones normativas aprobadas en años anteriores, especialmente aquellas vinculadas con obligaciones laborales y remunerativas.
La propia Exposición de Motivos advierte que determinadas iniciativas legislativas han incrementado las obligaciones de gasto permanente y reducido el margen de maniobra fiscal del Estado.
En este escenario, resulta indispensable evaluar el impacto financiero de las obligaciones existentes, verificar su sostenibilidad y fortalecer la programación multianual del gasto.
No se trata de desconocer derechos legalmente reconocidos ni de restringir indiscriminadamente el gasto corriente, necesario para mantener operativos los servicios públicos. El reto consiste en lograr un equilibrio responsable entre las obligaciones institucionales, la continuidad de los servicios y la inversión destinada al desarrollo territorial.
La ineficiencia del gasto: un problema que también exige respuestas
A las restricciones presupuestarias se suma otro desafío: la calidad del gasto público.
La Exposición de Motivos del proyecto para 2027 recoge estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (2018) y de la Contraloría General de la República (2024), que sitúan en torno al 2,5 % y 2,4 % del PBI, respectivamente, los ahorros potenciales por mejoras de eficiencia y el perjuicio estimado asociado a corrupción e inconducta funcional.
Aunque ambas mediciones responden a metodologías distintas, coinciden en poner de relieve la importancia de fortalecer la gestión de los recursos públicos.
Entre los ámbitos que requieren especial atención destacan la programación de las contrataciones, la calidad de los expedientes técnicos, la ejecución de inversiones, la prevención de paralizaciones de obras y la trazabilidad de las decisiones administrativas.
Por ello, mejorar la calidad del gasto no debe reducirse a alcanzar elevados porcentajes de ejecución presupuestaria. La verdadera eficiencia consiste en utilizar los recursos públicos para obtener bienes, infraestructura y servicios oportunos, sostenibles y de calidad.
El desafío de las nuevas autoridades: pasar de la demanda presupuestaria a la gestión por resultados
El inicio de una nueva gestión regional o municipal constituye una oportunidad para revisar prioridades, identificar riesgos y fortalecer las capacidades institucionales.
En ese sentido, las autoridades entrantes deberán orientar sus esfuerzos hacia una gestión presupuestaria articulada con el planeamiento estratégico, la programación multianual de inversiones y el Presupuesto por Resultados.
Asimismo, será fundamental priorizar la continuidad de proyectos viables, mejorar los procesos de contratación pública, fortalecer los mecanismos de control interno y adoptar medidas preventivas frente a contingencias administrativas, contractuales y financieras.
En el ámbito municipal, también corresponde impulsar una administración tributaria más eficiente, mejorar la recaudación de ingresos propios y asegurar recursos para la operación y mantenimiento de los servicios.
La descentralización fiscal no puede evaluarse únicamente por el volumen de recursos transferidos. Su eficacia debe reflejarse en la capacidad de cada gobierno subnacional para responder a las necesidades de su población.
Reflexión final: el presupuesto debe convertirse en valor público
El Proyecto de Presupuesto 2027 plantea un escenario que exige decisiones responsables y una visión de gestión que trascienda el corto plazo.
La rigidez del gasto, las obligaciones permanentes y las limitaciones para ampliar el espacio fiscal demandan un liderazgo institucional sustentado en criterios técnicos, responsabilidad presupuestaria y prevención de riesgos.
Los gobiernos regionales y locales no deben limitar su agenda a solicitar mayores transferencias al Ministerio de Economía y Finanzas. Deben demostrar, además, capacidad para administrar eficientemente los recursos disponibles, priorizar inversiones y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La verdadera fortaleza de una gestión pública no se mide por cuánto presupuesto administra, sino por su capacidad para transformar cada sol en resultados tangibles para la ciudadanía.
El desafío de 2027 no será únicamente gestionar un nuevo presupuesto, sino construir una administración pública más eficiente, responsable y orientada al valor público.
Abog. Patricia Prialé Fabián
Artículo de opinión elaborado a partir del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, su Exposición de Motivos y el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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