La transferencia de gestión como garantía de continuidad de los servicios públicos
El 1 de enero de 2027, la población seguirá necesitando que se recojan los residuos de las ciudades, que el serenazgo atienda una emergencia y que la municipalidad responda a sus trámites. Para los alcaldes provinciales y distritales electos del país, la primera prueba de gobierno será sostener esos servicios mientras ponen en marcha su propuesta de gestión.
La Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI, “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”, aprobada por la Resolución de Contraloría N.° 267-2022-CG y modificada por la Resolución N.° 344-2026-CG, ofrece un punto de partida: conocer los resultados, los recursos y los asuntos urgentes de la entidad para decidir con información y preservar la continuidad institucional. Transparencia y servicio a la ciudadanía forman parte de una misma responsabilidad. [1, 2]
Prepararse antes de asumir. La autoridad electa necesita un equipo capaz de interpretar la información que recibe. La norma exige conformar el Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE) dentro de los tres días hábiles siguientes a la proclamación de resultados; la comisión de transferencia se instala dentro de los cinco días hábiles siguientes a su conformación. Su revisión comprende los informes, formatos y anexos, con documentación y respuestas del equipo saliente. [2]
Desde una perspectiva de gestión, conviene integrar conocimientos de presupuesto, tesorería, abastecimiento, recursos humanos, inversiones y asesoría jurídica. La revisión debe traducirse en decisiones concretas: qué servicio enfrenta una interrupción? qué obligación vence pronto? qué información falta? y quién debe verificarla. Recibir documentación adquiere valor cuando permite anticipar problemas.
Asegurar los servicios que no pueden esperar. Para el día uno, se debe contar con una relación de servicios críticos y sus condiciones reales de funcionamiento: turnos, personal disponible, vehículos, combustible, mantenimiento, insumos y contratos. La limpieza pública, la seguridad ciudadana y los servicios municipales deben evaluarse según las competencias y características de cada localidad. Donde intervengan empresas prestadoras u otras entidades, corresponde coordinar responsabilidades y capacidad de respuesta.
Cada servicio prioritario debería tener un responsable y una alternativa operativa ante una falla. En municipios rurales, esa revisión debe considerar distancias, accesibilidad y capacidad de atención; en los urbanos, también la escala de la demanda. Una contingencia previsible merece una respuesta preparada antes de que afecte a los vecinos.
Conocer la caja y las obligaciones. El presupuesto aprobado no equivale al dinero disponible para pagar. Por eso, tesorería, contabilidad y presupuesto deben contrastar saldos bancarios, conciliaciones, restricciones por fuente de financiamiento y obligaciones pendientes. Es indispensable distinguir compromisos, devengados y pagos; revisar planillas, servicios básicos, tributos y obligaciones judiciales, y confirmar la programación que sostendrá la operación inicial.
La urgencia de mantener un servicio exige rigor en el gasto. Antes de autorizar pagos, debe verificarse el sustento, la conformidad que corresponda, la competencia de quien decide y la disponibilidad presupuestaria y financiera aplicable. Una deuda comunicada por la gestión saliente requiere revisión; su sola inclusión en un reporte no justifica pagarla.
Revisar contratos, obras y plazos que vencen. El nuevo equipo necesita identificar contratos próximos a terminar, prestaciones pendientes, garantías, controversias y procesos de contratación en curso. En inversiones, corresponde conocer el avance físico y financiero, las paralizaciones, los riesgos y las decisiones pendientes. Una obra visible puede esperar una visita protocolar; el vencimiento de una garantía o de un plazo de defensa requiere atención oportuna.
Preservar la capacidad de la municipalidad. Los cambios de funcionarios deben planificarse respetando los regímenes laborales, los requisitos de los puestos y las competencias de cada órgano. También deben quedar asegurados los archivos, inventarios, expedientes, copias de respaldo y accesos institucionales. La habilitación o actualización de usuarios debe hacerse por los canales autorizados y conservar la trazabilidad. La memoria institucional es un recurso para gobernar.
Documentar las alertas y actuar. La gestión entrante debe dejar constancia precisa de faltantes, inconsistencias y asuntos pendientes de verificación, evitando atribuir responsabilidades sin sustento. Se reqiere convertir esas alertas en una matriz de seguimiento con evidencia, responsable, plazo y efecto sobre el servicio. Los hallazgos que lo ameriten deben canalizarse ante las instancias competentes, sin sustituir sus funciones.
La transferencia tampoco termina con la ceremonia de instalación. Para las elecciones municipales, la modificación de 2026 establece el corte de información al 31 de diciembre, el envío del informe de transferencia dentro de los tres días hábiles siguientes y la firma del acta hasta cinco días hábiles después de ese cierre. Prevé, además, su remisión y publicación en los plazos correspondientes. Estas actuaciones pueden continuar en enero y deben programarse sin paralizar la operación municipal. [2, 3]
Las prioridades operativas aquí propuestas son recomendaciones de gestión para dar contenido práctico a la finalidad de la directiva; deben adaptarse a cada municipalidad y a las normas de sus sistemas administrativos. La autoridad entrante puede marcar un nuevo rumbo desde el comienzo, con decisiones sustentadas y atención a lo urgente.
A los alcaldes electos les corresponde transformar la información de la transferencia en capacidad de respuesta. La confianza ciudadana empieza a construirse cuando el cambio de autoridades se traduce en una municipalidad que funciona. El primer resultado de una nueva gestión debe sentirse en la vida cotidiana: que el municipio siga atendiendo y que cada servicio tenga conducción desde el primer día.
Fuente:
1. Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI y anexos. Contraloría General de la República. Consultar fuente
2. Resolución de Contraloría N.° 344-2026-CG, publicada el 3 de julio de 2026. Numerales 7.2, 7.2.2 y 7.2.3 modificados. Consultar fuente
3. Orientación oficial sobre elaboración y envío del Acta de Transferencia de Gestión. PCM. Consultar fuente
Por Rommie Taboada Cruz
Contadora Pública | Cofundadora de Taboada & Fernández Regulatory Advisors